El inicio del debate oral y público correspondiente a la causa del Juzgado Contravencional quedó formalmente frenado por decisión del Tribunal en función del juicio.
Esta medida se adoptó a pesar de la firme oposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde se argumentaba que no existían obstáculos legales para seguir adelante con el desarrollo procesal de las actuaciones.
El planteo de postergación fue presentado por la defensa legal de M.D.Y., luego de que se apartara del proceso a dos de los imputados tras concretarse diferentes salidas alternativas: uno mediante un juicio abreviado y el restante a través de la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation. El letrado sostuvo que era necesario aguardar a que dichas resoluciones adquirieron firmeza, ya que los acuerdos alcanzados podrían alterar la plataforma fáctica de la acusación y condicionar las estrategias defensivas de quienes todavía continúan sometidos al proceso judicial.
Frente a esta postura, el fiscal Diego Ignacio Funes se opuso rotundamente ante el Tribunal y remarcó que la normativa vigente habilita de manera expresa la aplicación de distintas vías de resolución para los acusados dentro de una misma causa, sin que esto obligue a interrumpir el debate oral para el resto de los involucrados. A su criterio, el trámite podía avanzar con normalidad para los imputados restantes mientras se completaban los pasos formales de los acuerdos.
Sin embargo, el Tribunal optó por hacer lugar al pedido interpuesto por la defensa de manera unánime, resolviendo la paralización del juicio hasta que se logre la homologación definitiva de los convenios celebrados. Una vez cumplido este recaudo legal, las partes involucradas deberán efectuar las gestiones ante la Oficina de Gestión Judicial para que se determine y fije una nueva fecha de realización del debate.
