El conflicto en torno a los montos de las facturas de luz en Jujuy ha cobrado un nuevo impulso en la Legislatura provincial, impulsado por el malestar persistente de los vecinos ante los abultados cobros de la distribuidora EJESA.
Frente a esta coyuntura, el legislador Juan Soler presentó una solicitud de informes orientada a auditar minuciosamente el desempeño contable de la prestadora y a poner bajo la lupa la labor de control de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU). La propuesta busca desentrañar el esquema financiero del servicio y reactivar las sospechas en torno a probables cobros indebidos y anomalías impositivas.
La medida parlamentaria hace hincapié en tres aspectos cruciales de la facturación. En primer término, demanda clarificar los parámetros con los que se categoriza y traslada el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las distintas categorías de clientes, evaluando si hubieren existido sesgos en contra de los usuarios. En segundo lugar, pretende transparentar la probable inclusión de gravámenes a los combustibles fósiles dentro de la tarifa masiva a causa del Sistema Aislado Provincial. Por último, promueve una fiscalización cruzada con la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto a la Dirección Provincial de Rentas, con la meta de contrastar los costos informados por la empresa con sus balances contables y presentaciones impositivas.
Este requerimiento contable surge tras la grave acusación por una presunta maniobra fraudulenta cercana a los $6.654 millones de pesos, correspondiente al período comprendido entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Dicha controversia —que motivó la reacción de entidades de defensa del consumidor como CODECUC— ponía bajo sospecha el ocultamiento de la aplicación del IVA en sectores residenciales mediante el cargo FOPEJ, la facturación del impuesto en comercios sin el posterior giro de esos fondos al fisco, y el cobro de gravámenes por la adquisición de combustibles para la generación aislada que nunca habrían sido comprados.
Finalmente, la investigación en marcha apunta a clarificar si la SUSEPU incurrió en omisiones dentro de sus deberes de regulación al convalidar esquemas de tarifas basados en desembolsos no respaldados. Al respecto, el diputado impulso de la norma señaló que, si la auditoría confirma estas anomalías impositivas y el traspaso ilegítimo de gastos a la comunidad, el Estado provincial se encontrará ante argumentos de peso suficiente para replantear la continuidad del vínculo contractual con la firma concesionaria y avanzar hacia la revocación del servicio energético.
