Los Organismos de DDHH de Jujuy repudiaron la designación de Juan Manuel Pulleiro como Ministro de Seguridad.
En un Comunicado los Organismos de Derechos Humanos de Jujuy expresaron que “su nombramiento, por parte del Gobernador Carlos Sadir, representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y una amenaza latente para la democracia y la convivencia pacífica en nuestro territorio provincial”.
“Juan Manuel Pulleiro, coronel retirado del Ejército, posee un historial marcado por su alineamiento con posturas negacionistas y autoritarias que lo han caracterizado y por el cual ya ha sido severamente cuestionado. Su reivindicación del Operativo Independencia, su oposición a los juicios por crímenes de lesa humanidad y su cercanía con sectores ultraconservadores, que promueven políticas represivas, reflejan una visión de la seguridad basada en el disciplinamiento social arbitrario y la criminalización de la protesta, posturas que el gobierno provincial jujeño continúa instalando y naturalizando sin tener en cuenta ni la propia Constitución Nacional y en sintonía con el actuar del gobierno nacional de Javier Milei, reflejado recientemente en la represión desplegada en la ciudad de Buenos Aires”.
Además, exigieron la “inmediata remoción de Juan Manuel Pulleiro en el cargo recientemente designado y que garantice una conducción del Ministerio de Seguridad comprometida con la democracia, la seguridad ciudadana y los derechos humanos”.
Por su parte la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios explicó que la designación del funcionario “representa no solo un desprecio hacia los profesionales de la seguridad nativos de nuestra querida provincia, sino también un cambio radical y peligroso en la política de seguridad que el Gobierno de Jujuy parece dispuesto a implementar. La designación de Pulleiro, un hombre de otra provincia, con un perfil netamente castrense y un entorno de militares en cargos de segunda y tercera línea, implica un viraje hacia la militarización de la seguridad, un endurecimiento de la función policial cotidiana y un trato hostil hacia los gremios, las organizaciones sociales y todo movimiento de protesta pacífica que busque hacer escuchar su voz”.
