En una resolución judicial sin antecedentes en la provincia, la Sala II del Tribunal del Trabajo emitió una sentencia que impacta directamente sobre las arcas del Estado jujeño y expone las deficiencias logísticas que afrontan los efectivos de seguridad en las localidades del interior.
La Justicia dictaminó que el Estado provincial deberá abonar una indemnización de $100.000.000 a los familiares de Mayra Tolaba, una joven agente de la Policía de Jujuy que perdió la vida tras protagonizar un trágico siniestro vial. El fallo, que fue formalmente notificado el pasado 18 de junio de 2026 y que aún no se encuentra firme, corresponde al expediente caratulado “Tolaba, Abdón y Valdez, Ana c/ Estado Provincial – Policía de la Provincia de Jujuy”, representando un revés para la estrategia legal del Ejecutivo.
La demanda impulsada por los padres de la víctima contó con la representación del abogado querellante Carlos Sebastián Espada, quien logró desacreditar la postura de los representantes estatales. Desde el sector oficial se pretendía sostener que el fatal accidente no tenía vinculación con las obligaciones profesionales de la uniformada, e incluso se intentó adjudicar la responsabilidad del suceso a la propia víctima. Sin embargo, el tribunal desestimó de manera tajante tales argumentos y sentó un precedente clave sobre la desprotección y las precarias condiciones de seguridad laboral a las que se expone cotidianamente al personal policial destinado a las zonas rurales o alejadas de la capital.
La reconstrucción de los hechos contenida en el fallo detalla que la tragedia se originó durante la madrugada del 4 de noviembre de 2022, jornada en la cual Tolaba debió cumplir con un recargo de servicio obligatorio en la localidad de Santa Clara. Al concluir su turno a altas horas de la noche, la absoluta falta de transporte público en la zona la forzó a organizar su retorno hacia su domicilio en La Mendieta mediante tramos combinados. Inicialmente, una patrulla de la fuerza la trasladó hasta las inmediaciones del puente San Pedro; desde ese sector, ante la escasez de movilidad, la agente continuó el viaje como acompañante en una motocicleta conducida por su primo. Al transitar por la Ruta Provincial Número 56, el vehículo menor derrapó y la joven sufrió heridas de extrema gravedad que derivaron en su deceso horas más tarde tras ingresar a terapia intensiva.
Los magistrados determinaron de forma unánime que el uso de transportes alternativos no alteró el nexo causal amparado por las leyes vigentes, sino que constituyó un resultado inevitable tras haber quedado varada en cumplimiento de su labor. El veredicto remarca con firmeza que el Estado no puede desentenderse de la integridad psicofísica de su personal al finalizar la jornada, especialmente cuando la carencia de infraestructura y transporte los expone a riesgos viales en las rutas para poder regresar a sus hogares. De esta manera, el dictamen de los jueces laborales representa no solo un fuerte impacto financiero para la provincia, sino también una reparación moral para los familiares de la policía tras años de litigio y señalamientos oficiales.
