La 2° Marcha por la Justicia y el Territorio recorrerá la provincia de Jujuy desde el norte hasta la ciudad entre el 16 y el 18 de junio.
Organizada por diversas comunidades originarias, esta acción colectiva busca mantener el reclamo activo al cumplirse tres años de los violentos episodios represivos que tuvieron lugar en 2023, visibilizando el profundo descontento de los pueblos indígenas ante la falta de respuestas institucionales.
El itinerario de la marcha está programado para comenzar este martes 16 de junio a las 9:00 desde La Quiaca, avanzando por distintas localidades de la región hasta hacer una pausa de descanso en Humahuaca. Al día siguiente, el miércoles 17, se ha convocado a una ceremonia especial en el emblemático cruce de Purmamarca, sitio donde recientemente se emplazó una Chacana como símbolo andino de guía y puente espiritual. Finalmente, el contingente prevé arribar al acceso de Ciudad de Nieva el jueves 18 de junio a las 8:00, desde donde marcharán hacia puntos clave como el Ministerio Público de la Acusación, la Legislatura, la Casa de Gobierno y la Secretaría de Pueblos Indígenas.
Carlos Chuychuy, referente de la comunidad Lumara de Cochinoca, expresó en declaraciones radiales la indignación que comparten las comunidades debido a la inacción de la justicia local, advirtiendo que los procesos de investigación actuales solo se centran en el personal policial subalterno. El vocero denunció que, a pesar de haberse aportado numerosos videos y material probatorio recabado en colaboración con Amnistía Internacional, la justicia jujeña aún no ha imputado a los funcionarios políticos que fueron los responsables directos de impartir las órdenes durante las jornadas represivas.
El reclamo también enfatiza que las secuelas físicas y emocionales siguen latentes en los manifestantes, recordando de forma particular las graves heridas, mutilaciones y pérdidas de visión que sufrieron varios jóvenes a causa del impacto de perdigones. Asimismo, desde los pueblos originarios manifestaron que la reforma constitucional de la provincia se viene implementando de manera perjudicial para sus intereses, argumentando que se están vulnerando y omitiendo normativas legales de jerarquía superior que protegen sus derechos territoriales.
