Representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se presentaron en la Comisión de Trabajo de la Legislatura de Jujuy para visibilizar el severo cuadro de desprotección que atraviesan los obreros del campo en la provincia.
La comitiva sindical, encabezada por su Secretario General en el distrito, Alfredo Yusgra, y acompañada por delegados de las filiales de Perico, Monterrico, El Carmen y Palpalá, expuso que en las principales actividades del sector, como la producción tabacalera y la hortícola, persisten graves anomalías salariales y un incumplimiento extendido de la normativa laboral vigente, incluida la Ley 27.802 de modernización del trabajo.
El punto central de la denuncia sindical radicó en la considerable diferencia entre los valores estipulados de forma oficial por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y el dinero real que termina en poder de las familias rurales. Para el mes de octubre se fijó un haber jornalero de $54.000, el cual debiera representar un cobro neto aproximado de $43.000 de bolsillo; no obstante, en las inspecciones de campo se constató que numerosos peones están percibiendo únicamente entre $28.000 y $32.000 en mano. Desde la conducción de UATRE precisaron que en los recibos suele consignarse la remuneración legal, pero al momento del pago presencial se les entrega un monto sustancialmente menor, recurriendo a mecanismos como la liquidación de anticipos nocturnos o fuera del horario habitual de supervisión para evadir los controles.
Frente a esta situación, el gremio demandó la urgente implementación de la bancarización obligatoria de los haberes como la vía más efectiva para frenar este tipo de maniobras en la liquidación en efectivo, garantizando que el trabajador retire su sueldo de manera transparente mediante cajeros automáticos. Asimismo, la dirigencia advirtió sobre el crítico escenario en la horticultura local, donde el trabajo informal alcanza al 90% de la mano de obra, desarrollándose sin la indumentaria de protección garantizada por ley, sin coberturas de riesgos del trabajo ni aportes al sistema previsional o de salud privada.
Esta precariedad estructural no solo atenta contra el bienestar de las familias rurales, sino que recarga de manera directa al Estado provincial, dado que los trabajadores quedan obligados a recurrir al sistema público de salud y educación ante la ausencia de prestaciones contributivas. Tras escuchar la exposición del sindicato, los miembros de la Comisión de Trabajo legislativa se comprometieron a convocar a los sectores patronales a fin de exigir la regularización de la actividad en las fincas y velar por el acatamiento efectivo de las pautas laborales fijadas en el territorio jujeño.
