Un nuevo hito procesal se ha fijado en el marco de la causa judicial que investiga las circunstancias que derivaron en la muerte de la joven Yamila Chávez, sucedida el 31 de mayo pasado tras ingresar por un embarazo ectópico en la Maternidad Josefina Scaro del Hospital Snopek.
Las autoridades judiciales dispusieron el día exacto en que se reunirá la Junta Médica encomendada para establecer si existió algún tipo de responsabilidad penal por parte de los profesionales de la salud que intervinieron en su atención.
El procedimiento pericial, dispuesto por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas —a cargo del fiscal Aldo Lozano—, se desarrollará formalmente dentro de las dependencias del Poder Judicial ubicadas en la zona de Alto Comedero. De acuerdo a lo informado por fuentes vinculadas al expediente, la coordinación de esta medida clave estará bajo la responsabilidad de la perito oficial Ana Laura Molina, habiéndose notificado oportunamente a todas las partes involucradas en el proceso.
En el marco de este minucioso examen integral, el cuerpo de especialistas convocados tendrá acceso irrestricto a todo el compendio probatorio que integra la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Entre el material sujeto a análisis exhaustivo se destacan la historia clínica de la paciente, los informes confeccionados en la guardia central y los diversos estudios complementarios, con el propósito fundamental de formular un dictamen técnico concluyente sobre el abordaje médico brindado a la víctima desde su recepción institucional hasta el fatídico desenlace.
Esta evaluación forense adquiere un rol decisivo para el esclarecimiento de los hechos, de cara a los reiterados cuestionamientos expresados por el entorno familiar de Chávez respecto a presuntas anomalías y discordancias en los registros de horarios del quirófano y del área de guardia. A partir de los resultados que arroje el informe final de la junta, el Ministerio Público de la Acusación estará en condiciones de determinar si corresponde avanzar con la ampliación de imputaciones o modificar la situación legal del personal sanitario bajo sospecha.
