La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un amparo para impedir el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El recurso, presentado ante la Justicia, solicita la inaplicabilidad de las facultades delegadas por la mencionada ley en lo que respecta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Además, exige que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27.742 y los artículos 59 al 69 del DNU impulsado por el Ejecutivo nacional.
El escrito judicial califica al DNU como una maniobra de desviación de poder que busca, por vía administrativa, disolver, desfederalizar y vaciar el INTA, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 2 de la Ley 27.742. En este sentido, se argumenta que el decreto viola los fundamentos que dieron origen al organismo creado en 1956 como pilar científico del agro argentino.
En la misma presentación, ATE y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) solicitaron una medida cautelar urgente para que se suspenda de forma provisoria la aplicación de los artículos cuestionados y que se ordene al Estado Nacional abstenerse de ejecutar actos administrativos que impliquen despidos, cesantías, traslados o reubicaciones del personal del INTA.
La petición incluye una advertencia explícita contra posibles rescisiones de contrato, pases a disponibilidad o reestructuraciones que puedan afectar la dotación de trabajadores y trabajadoras, así como de sus representantes gremiales. La solicitud exige que se respeten las garantías establecidas en los Convenios Colectivos de Trabajo 214/06 y 127/06, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
