La problemática salarial y de condiciones de trabajo en el nivel secundario jujeño volvió a ubicarse en el centro de la escena tras una manifestación impulsada por el sindicato docente CEDEMS.
Los preceptores solicitan la unificación de los sueldos en un piso equivalente a 18 horas cátedra, en concordancia con la carga horaria real que desempeñan. De acuerdo con testimonios brindados por el preceptor humahuaqueño Miguel Paredes, el conflicto tiene su raíz en la modificación del diseño curricular de 2018, la cual extendió la jornada diaria entre 40 y 50 minutos. Si bien mediante una disposición emitida por el Ministerio de Educación en 2023 se había formalizado dicho reconocimiento, la liquidación del beneficio fue recortada de manera unilateral a los pocos meses, derivando en un esquema asimétrico donde conviven trabajadores que perciben haberes correspondientes a 15, 16 o 18 horas.
Esta disparidad cobra especial relevancia al considerar el aumento en las responsabilidades pedagógicas y administrativas de este personal, que actualmente coordina trayectorias escolares mediante la plataforma SINIIDE e integra activamente los consejos de curso. A modo de contraste, Paredes argumentó que otros roles de las instituciones educativas —como los bibliotecarios— perciben la remuneración equivalente a 18 horas cumpliendo un horario idéntico y sin estar expuestos a la misma carga de contención directa hacia los alumnos, por lo que exigió una homologación salarial hacia arriba en lugar de un perjuicio para otras áreas.
Asimismo, la coyuntura resulta particularmente crítica en las comunidades del interior provincial, donde el personal debe costear traslados en horarios de madrugada e impartir una contención social, afectiva e incluso sanitaria a la comunidad estudiantil. La falta de estabilidad y el constante desgaste provocan que en las asambleas semanales de los días martes y jueves un número considerable de vacantes quede sin cubrir, dado que los trabajadores optan por renunciar en busca de opciones laborales con mejor remuneración y condiciones.
A todo este panorama se le suma una contundente denuncia por las deducciones salariales ejecutadas por el Ministerio de Hacienda provincial tras las jornadas de protesta. El referente expuso la inconsistencia del sistema de sanciones mostrando que por un único día de huelga llegó a sufrir una quita de $198.000, cifra que resulta desproporcionada al escalar la proyección mensual frente a su salario básico de $1.700.000, una práctica que desde el sector calificaron como una medida arbitraria orientada a desincentivar el reclamo gremial.
