La Justicia Electoral ordenó al Gobierno Nacional que difunda este domingo los resultados de las Elecciones Legislativas Nacionales, discriminados por distrito y no mediante un cómputo unificado de todo el país.
La resolución de la Cámara Nacional Electoral lleva la firma de los jueces Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía.
El planteo surgió luego de una presentación administrativa que realizaron el Partido Justicialista, la UCR y el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad de la Ciudad de Buenos Aires ante la Dirección Nacional Electoral.
En su resolución, de acuerdo al fallo, el tribunal ordenó: “Hacer saber a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, encargada de supervisar y controlar estas operaciones, que la difusión del escrutinio provisorio debe contemplar la división por cada distrito electoral”.
El documento también distingue entre el escrutinio definitivo, que tiene validez legal y es el único que proclama candidatos electos, y el escrutinio provisorio, que realiza el Ministerio del Interior con la colaboración del Correo Oficial y carece de valor jurídico. Este conteo preliminar, de carácter informativo, suele difundirse la misma noche de la elección, pero puede generar distorsiones si no se publica con criterios claros y transparentes.
“Que tal como resulta de la letra expresa de la Constitución Nacional y la legislación electoral aplicable, no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial (cf. art. 94 de la Constitución Nacional). En efecto, los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral”, se expresó en la Acordada.
La CNE remarcó además que los resultados deben difundirse de modo objetivo y neutral, y que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de explicar las diferencias entre ambos cómputos para no inducir al error al electorado. “La confianza pública en el sistema electoral depende de la claridad con la que se informe”, subraya la acordada.
