Un fuerte conflicto de carácter ambiental, social y judicial se desató en Jujuy tras la realización de la prueba motociclista Trasmontaña Enduro, evento que convocó a más de 600 competidores de Argentina y países limítrofes como Chile, Bolivia y Paraguay.
La travesía, que se desplegó por zonas urbanas de la capital provincial y áreas de alta fragilidad ecológica en las Yungas, se llevó a cabo sin disponer de los permisos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático ni de los informes de impacto técnico exigidos por la Ley General de Medio Ambiente N.º 5063. Esta importante falta de avales oficiales situó la actividad al borde de la suspensión y motivó el inicio de actuaciones administrativas, denuncias penales e intervenciones en el Juzgado Ambiental contra los entes organizadores, la Asociación Jujeña de Enduro y Motocross (AJEM) y la empresa Yungas Race.
A la contienda legal ante las autoridades se sumó el firme reclamo interpuesto por la Comunidad Indígena Las Capillas del Pueblo Ocloya, respaldada por el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya. Las autoridades comunitarias ratificaron que los responsables de la carrera incumplieron los compromisos pactados el pasado 26 de septiembre e ingresaron sin consentimiento a su territorio ancestral, afectando sitios sagrados, fuentes hídricas, yacimientos arqueológicos y la biodiversidad local. Por intermedio de su representación legal, se precisó que el fuero ambiental inició las investigaciones correspondientes, mientras la población originaria solicitó el amparo inmediato de organismos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura provincial y la fiscalía del área para resguardar sus tierras.
El desarrollo del certamen también cobró un marcado carácter político al haber sido declarado de interés provincial por la Legislatura a propuesta del bloque de La Libertad Avanza, contando con la activa promoción del diputado nacional Manuel Quintar. En la jornada previa al inicio de la competencia, el propio legislador protagonizó una polémica maniobra al pilotear un helicóptero serigrafiado con la consigna «Milei 2027» sobre la zona de Ciudad Cultural, hecho que profundizó las críticas en torno al uso proselitista de la actividad deportiva. Frente a estos cuestionamientos, el Ministerio de Ambiente de la provincia desplegó operativos de fiscalización y dejó en claro mediante un comunicado institucional que la declaración parlamentaria no exime a ningún organizador de cumplir con la normativa ecológica, garantizando que se impulsarán las sanciones correspondientes porque el crecimiento económico y turístico jamás debe atentar contra el patrimonio natural.
Por su parte, la comunidad científica había manifestado su oposición formal con anterioridad a la largada a través del Instituto de Ecorregiones Andinas, organismo dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy. Los investigadores fundamentaron técnicamente su rechazo señalando que el circuito trazado entre San Salvador de Jujuy y Palpalá impactó de lleno en la Reserva Natural de Usos Múltiples Serranías de Zapla y el Parque Lineal Paseo Xibi Xibi. Los informes presentados advierten sobre daños severos como la erosión y compactación de suelos, la degradación de las aguas por aumento de turbidez y vertido de combustibles, el ahuyentamiento de la fauna silvestre por ruidos molestos y la eventual alteración de yacimientos paleontológicos, destacando que los ecosistemas de selvas en galería y cursos de agua afectados requerirán de años para recuperarse del paso masivo de los vehículos.
