En un marco nacional caracterizado por el avance de los indicadores socioeconómicos negativos en 18 distritos, la provincia de Jujuy se diferenció del contexto general al ubicarse entre las seis únicas jurisdicciones del país que lograron reducir sus niveles de vulnerabilidad social.
Las mediciones recientes sitúan la tasa de pobreza en el territorio jujeño un 4,70% por debajo del promedio a nivel general en Argentina, una diferencia explicada desde el sector estatal por la implementación de diversas herramientas económicas tendientes a morigerar el escenario de crisis.
De acuerdo con lo expresado por el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto provincial, Alberto Siufi, la continuidad en la ejecución de infraestructura pública solventada con fondos propios constituyó un eje determinante para sostener este indicador. A diferencia del freno generalizado en las obras a nivel nacional, la administración local destinó partidas financieras provinciales que permitieron concretar la pavimentación de más de 110 kilómetros de rutas y avanzar en el desarrollo de un plan habitacional proyectado en más de 700 unidades habitacionales, generando puestos de trabajo directos y dinamismo en la actividad local.
La estrategia de contención social incluyó además la preservación del sistema de compensaciones económicas para los servicios esenciales. En este sentido, la jurisdicción mantuvo las partidas dirigidas al transporte público de pasajeros y garantizó la tarifa social en la prestación eléctrica, beneficio que alcanza de forma directa a unas 68.000 familias de menores ingresos. En paralelo, la administración gubernamental absorbió la financiación de programas sanitarios fundamentales que dejaron de percibir aportes de origen federal, con el fin de evitar la interrupción en las atenciones a los pacientes locales.
Respecto de la matriz productiva, la gestión estatal remarcó el comportamiento de dos actividades estratégicas que actuaron como motores dinamizadores de la economía regional. Tanto el desarrollo minero como el turismo registraron una expansión constante que permitió atraer inversiones de origen privado e impulsar el mercado laboral, generando a su vez un impacto indirecto sobre los comercios minoristas y las empresas de servicios distribuidas en las diversas regiones jujeñas.
En lo que refiere al sector laboral dependiente del Estado, las autoridades remarcaron la decisión de resguardar los puestos de trabajo sin recurrir a desvinculaciones de personal, al tiempo que se mantuvieron las negociaciones paritarias para actualizar los haberes frente al proceso de aumento de precios. A fin de complementar estas medidas salariales y otorgar mayor liquidez al personal público, se articuló con el Banco Macro una herramienta de refinanciación de pasivos vinculada a los saldos en tarjetas de crédito y giros en descubierto.
Para finalizar, las autoridades provinciales señalaron que los resultados alcanzados responden a una planificación orientada a mantener el equilibrio en la administración de las arcas públicas, priorizando la contención social y el respaldo a la producción local para reducir las disparidades y sostener las condiciones de vida en la población.
