Un intenso operativo de las fuerzas federales desarticuló una supuesta red de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en la provincia de Salta, dejando un saldo de once personas bajo custodia y dos sospechosos prófugos.
Entre los evadidos se encuentra Carlos “Conejo” Martínez, exjefe comunal de la localidad de Aguas Blancas, quien logró escabullirse justo antes de que los efectivos procedieran a su captura durante el despliegue del último fin de semana. El sorpresivo escape generó fuertes sospechas sobre una posible filtración de información confidencial que habría alertado al exfuncionario, aunque este extremo aún forma parte de las hipótesis en verificación por parte de los investigadores.
El caso, que se formalizó tras una extensa labor de inteligencia efectuada a lo largo de dos años por la Procunar y la Procelac bajo la tutela del Ministerio Público Fiscal de la Nación, derivó en una serie de 32 allanamientos simultáneos. Durante la audiencia de imputación llevada a cabo por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, el fuero acusador detalló la estructura operacional de la organización, destinada a bancarizar e ingresar activos ilícitos al mercado legal. El magistrado dictó la prisión preventiva efectiva para siete de los detenidos por un término inicial de seis meses, mientras que a otros cuatro implicados se les impusieron medidas cautelares con restricción de salida del país.
La nómina de personas procesadas abarca tanto al entorno íntimo de Martínez como a profesionales del sector contable. Entre los involucrados directos figuran sus hijos Miguel Ángel y Jessica Elizabeth, su exesposa Nancy Mirta Cordero y su actual pareja, Tamara Tapia. A su vez, los contadores públicos Orlando Oris Lovera y Julián Manuel Barreiro quedaron imputados por presuntamente aportar sus conocimientos técnicos para el diseño de maniobras de ingeniería financiera, facilitando la inserción de fondos del narcotráfico en el sistema bancario. La lista de sospechosos sometidos al proceso judicial la completan Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
Durante los operativos concretados, las autoridades secuestraron numeroso material tecnológico que incluye laptops, pendrives y un total de 35 teléfonos móviles, sobre los cuales el tribunal autorizó peritajes informáticos profundos y el cruce de sábanas telefónicas. Este nuevo cuadro penal se suma al antecedente de Martínez en la justicia provincial, donde a fines de 2025 recibió una condena de 14 meses de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos por entorpecimiento funcional y violación de secretos —pena que ya dio por cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario en el marco de la causa que investigó el homicidio de su hermano—.
