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CEDEMS advierte sobre un posible estallido docente

CEDEMS advierte sobre un posible estallido docente

La relación entre los trabajadores de la educación y la administración de Carlos Sadir atraviesa un momento crítico tras las recientes declaraciones de los referentes del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).

La Secretaria General Mercedes Sosa y el Secretario Adjunto Juan Carlos Córdoba anunciaron que la asamblea del gremio resolvió declarar “persona no grata” al vocero oficial de la Provincia. La determinación surge como respuesta a los dichos del funcionario respecto a las jornadas de paro, afirmaciones que Sosa calificó de falaces y maliciosas, asegurando que se difundieron datos erróneos sobre días en los que no hubo convocatoria a huelga para justificar quitas de haberes. Para la dirigente, resulta inadmisible que, sumado al perjuicio económico de sufrir recortes por ejercer un derecho constitucional, los trabajadores deban tolerar discursos oficiales que distorsionan los hechos por falta de chequeo o mala información.

El malestar por las liquidaciones salariales ocupa el centro de la disputa y podría derivar en presentaciones ante la Justicia. Córdoba alertó sobre graves irregularidades en el cálculo de las deducciones, detallando que se registraron quitas de hasta $500.000 por apenas tres días de protesta sobre salarios que promedian entre $1.600.000 y $1.700.000, afectando incluso a educadores que asistieron a trabajar con normalidad. Ante la falta de respuestas concretas por parte de Recursos Humanos y Hacienda frente a unos 250 reclamos administrativos iniciados desde agosto, el sindicato analiza acudir a la vía judicial. En este contexto, Sosa denunció un intento de disciplinamiento mediante recortes severos y persecución para desalentar la protesta, advirtiendo que estas prácticas solo alimentan el descontento generalizado y crean el escenario propicio para un estallido masivo similar al ocurrido en 2023.

A la problemática de los descuentos se suma la incertidumbre respecto a la recomposición de ingresos y el recorte de recursos en el área educativa. Los referentes gremiales expresaron su alarma ante la negativa del Ejecutivo a reabrir la mesa paritaria en lo que queda del año u otorgar un bono extraordinario, cuestionando el argumento oficial de que los sueldos le ganan a la inflación cuando el piso salarial de $1.030.000 queda muy por debajo de la canasta básica. Sosa refutó la excusa de la escasez de fondos de coparticipación para atender mejoras edilicias y laborales, exigiendo que se busquen alternativas de financiamiento para evitar que el ajuste recaiga sobre los planteles escolares. Asimismo, apuntaron contra lo que denominaron una política de recorte permanente en el Ministerio de Educación, señalando que a los nuevos auxiliares administrativos se les abonarán 12 horas en lugar de las 15 acordadas en 2024 para cubrir el turno completo, y criticaron que los propios docentes deban costear gastos de logística, vestimenta y música de eventos extracurriculares, como la reciente elección de la paisana provincial en pleno cierre de trimestre.

Finalmente, la conducción sindical puso el foco en el grave deterioro del clima laboral dentro de las instituciones y el impacto de la conflictividad social en las escuelas, recordando el caso de una profesora que debió ser internada luego de ser atacada por una alumna. Sosa describió la labor diaria en las aulas como un trabajo prácticamente insalubre debido al temor constante con el que asisten los educadores. Bajo la consigna “¿Quién cuida a los que cuidan?”, Córdoba remarcó el agotamiento y el estrés que implica contener situaciones de violencia sin respaldo institucional, por lo que exigió la conformación urgente de equipos interdisciplinarios por zona y nivel, asistencia legal frente a los nuevos protocolos penales juveniles y la cobertura de atención psicológica por parte del Instituto de Seguros. Frente a este panorama, el gremio instó a las bases a participar de las próximas asambleas para definir cómo continuará el plan de lucha, sin descartar la convocatoria a nuevas medidas de fuerza en el corto plazo bajo la premisa de que solo la organización colectiva permitirá revertir la situación.

 

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