Una inspección judicial llevada a cabo en Caspalá por la Justicia Federal ha dejado al descubierto el profundo malestar de los pobladores respecto a la reconstrucción del predio deportivo local.
Los habitantes de la zona manifestaron serias advertencias sobre el estado actual de los trabajos, señalando que la gestión provincial ha incurrido en marcadas irregularidades y ha sobrepasado las fechas límites fijadas para la entrega del espacio comunitario. La indignación vecinal se centra en la inexistencia de un plan de trabajo formalmente presentado y en la omisión de los análisis de impacto arqueológico requeridos en áreas sensibles, entre las que destaca la finca Santa Rosa por la presencia de antiguos restos patrimoniales.
Las declaraciones vertidas por la vocera Lidia Balcarce ante los medios de comunicación ratificaron que el plazo estipulado para la finalización y devolución del terreno, fechado para el último 30 de septiembre, expiró sin que se concretara lo pactado. Durante la recorrida de las autoridades judiciales, los residentes remarcaron que las tareas ejecutadas muestran alteraciones sustanciales respecto a los compromisos técnicos iniciales. Entre los fallos detectados resaltan la sustitución de materiales tradicionales como la piedra vista por estructuras de hormigón, improvisaciones en las bases de la construcción y la incorporación no planificada de desagües, maniobras que la comunidad considera alejadas de una restauración respetuosa y adecuada.
La tensión entre las partes se vio incrementada además por el malestar institucional que genera la falta de validación oficial a los representantes legítimos de los pueblos originarios de la zona. En este contexto, la colocación de carteles gubernamentales atribuyéndose la realización de las obras causó indignación entre los lugareños, quienes sostienen que la intervención no constituye una iniciativa del Poder Ejecutivo sino el cumplimiento forzado y extemporáneo de una orden dictada por los tribunales. Este escenario suma nuevos cuestionamientos a la actuación estatal dentro de una disputa que acarrea un extenso historial de diferendos y demoras.
A la espera de los próximos pasos del proceso legal, la población de Caspalá aguarda que las distintas partes incorporen sus informes técnicos al expediente judicial correspondiente. Con la constatación territorial realizada por los funcionarios del juzgado federal, la expectativa de las familias está puesta en que la Magistratura sopese el alcance de los faltantes observados y disponga las medidas sancionatorias pertinentes ante los constantes retrasos que se vienen acumulando desde la firma de los acuerdos en el año 2024.
