La Jueza Loretta Preska rechazó el pedido de suspensión de la sentencia de transferencias de acciones de YPF.
La Jueza de Nueva York rechazó un planteo de los abogados de Argentina para suspender la ejecución de la sentencia a favor de los fondos buitres y ratificó que el Estado nacional debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera bandera del 2012.
Aunque todavía hay varias instancias judiciales abiertas, incluso una apelación solicitada por el país que puede estar en trámite dos años, el caso se podría encaminar en llegar en los próximos meses a la Corte Suprema de los EEUU.
El Gobierno nacional apeló el fallo el jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En su presentación, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si el fallo vuelve a ser desfavorable. Por ahora este pedido no tiene resolución y puede estar en trámite durante por lo menos dos años.
Lo que la Jueza ya definió fue una solicitud paralela para frenar la ejecución del fallo que ordenó a la Argentina pagar US$16.099.000.000 en compensación por la expropiación irregular de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Donald Trump.
Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.
En respuesta a esa presentación de los fondos, los abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago María Castro Videla, respondieron con los principales argumentos esgrimidos por la Argentina, que rechazan el fallo de Preska y la entrega de acciones.
